Las defensas de los cinco marinos acusados por la Masacre de Trelew de 1972, concluyeron sus alegatos finales, seguidos por breves réplicas y contrarréplicas, y el juicio oral y público se reanudará el 10 de octubre próximo en Rawson para la última audiencia antes de la sentencia.
"Los defensores no pudieron contradecir la plataforma probatoria extensísima aportada por la fiscalía y las dos querellas”, contra los cinco acusados por delitos de lesa humanidad, dijo a Télam el abogado Germán Kexel, de la querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Fiscalía y querellas pidieron prisión perpetua para Rubén Paccagnini, como autor mediato, y para Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, como coautores materiales de 16 homicidios y tres tentativas, por los fusilamientos perpetrados el 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew.
Además, para Jorge Bautista, el juez militar ad hoc que actuó tras la matanza de prisioneros políticos y acusado de encubrir esos delitos, solicitaron dos años de prisión, el máximo previsto en el momento de los hechos, y que todas las penas sean de cumplimiento efectivo en cárcel común.
Aun con estrategias en parte diferenciadas, los defensores convergieron en cuestiones cruciales como el intento de rechazar la lesa humanidad de los delitos juzgados, su inscripción en un “plan sistemático” de terrorismo de Estado, para poder pedir la prescripción y en algunos casos la amnistía de sus defendidos.
En sus alegatos, varios de ellos aceptaron en parte los hechos y la veracidad de los testimonios aportados por la acusación, pero objetaron la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y su aplicabilidad en 1972.
Gerardo Ibáñez, defensor de Bautista, admitió como “disparatada” la versión oficial de un supuesto “nuevo intento de fuga” con que la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse y la Armada pretendieron en 1972 justificar los homicidios, pero sostuvo que “no está ni mínimamente demostrado que Trelew haya sido parte de un plan sistemático, que en realidad se inició mucho después”, hacia el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
“Si se trató de una acción de los oficiales de la Base (Zar) por su cuenta, la acción penal está extinta”, esgrimió.
Ibáñez dijo también que “el sumario que escribió Bautista desapareció, y no se entiende cómo se puede juzgar el trabajo de un juez sin el expediente”, para añadir que su defendido “tiene 87 años y sería antihumano que esté en una cárcel común”.
La acusación replicó los nuevos elementos expuestos en los alegatos de las defensas y el pedido de nulidad de lo actuado respecto de Marandino, a lo que siguieron breves contrarréplicas de los defensores.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo del juicio que se desarrolla en Rawson, dispuso finalmente que el próximo 10 de octubre se realice la audiencia en la que los acusados pueden pronunciar sus últimas palabras, antes de la sentencia, que se conocerá el 15 o poco después, según estimaron fuentes de la causa.

Fuente: Telam