00:08«La orden fue dada por el presidente de la Nación, Alejandro Agustín Lanusse», dijo ayer en su alegato el fiscal federal Fernando Gélvez al realizar la valoración de la prueba expuesta a lo largo del juicio por la Masacre de Trelew.

El Ministerio Público Fiscal debió interrumpir el resto de su exposición hasta la semana próxima. Los imputados se mostraron molestos al escuchar el relato de los acontecimientos y la alteración fue tal que uno de ellos se atrevió a hacer un comentario en voz alta interrumpiendo al fiscal.
A lo largo de los 40 años que pasaron desde la muerte de 16 presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew «se ha chocado con la labor activa de ocultamiento desde Lanusse para abajo en la cadena de mandos», según consideró el fiscal Gélvez. Sin embargo, subrayó que a esta altura del juicio «están probados y son creíbles los hechos que aparentemente eran increíbles».
Como ocurre desde que comenzaron los alegatos, los cinco marinos procesados, Rubén Paccagnini, Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Jorge Bautista, estuvieron presentes ayer en el centro cultural de Rawson donde se desarrollan las audiencias. A excepción de Marandino, el resto de los imputados siguió con evidente nerviosismo el alegato del fiscal.
Como no había ocurrido anteriormente, conversaron permanentemente entre ellos, negaron con la cabeza algunas afirmaciones de Gélvez y hasta hicieron un par de comentarios en voz alta.
Cundo el fiscal se explayó sobre cómo aconteció la fuga de presos políticos del penal de Rawson el 15 de agosto de 1972, y aseverando que actuaron con buen trato hacia el personal de la unidad hasta encontrarse con la resistencia del guardiacárcel Gregorio Valenzuela, se escuchó la voz de Del Real gritando: «pero lo mataron», motivando que el fiscal le recordara que cuando tuvo oportunidad de hablar en el juicio no lo había hecho.

PLAN PRECONCEBIDO
El fiscal Gélvez consideró probado que la orden de matar a los presos políticos alojados en la base aeronaval de Trelew en agosto del ’72 llegó de las más altas esferas del gobierno de facto y que «Paccagnini participó del plan preconcebido» como jefe de la base.
Aquella madrugada del 22 de agosto, «los oficiales Sosa, Del Real, Bravo (actualmente refugiado en los Estados Unidos), y Herrera (fallecido), llegaron juntos a la zona de calabozos donde estaban los cabos Marandino y Marchand». Siguió relatando el fiscal que luego de sacar a los presos de los calabozos y hacerlos formar en dos filas y con la cabeza gacha, los marinos «abrieron fuego con pistolas ametralladoras PAM con ráfagas largas y también con pistolas calibre 45, luego comenzó la etapa de remate».
Según detalló Gélvez en su alegato, y recordando que seis de los 19 presos quedaron con vida, «cesaron los remates porque entró personal que no estaba comprendido en el plan ordenado por Lanusse y transmitido por Paccagnini».
Señaló además que también el entonces jefe de Base tuvo responsabilidad en la muerte de tres de los seis militantes que habían sobrevivido a los disparos por no permitir que reciban atención médica de inmediato.

INCONSISTENCIAS
Las versiones oficiales sobre la Masacre de Trelew dadas en su momento por la Armada, fueron consideradas por el fiscal Gélvez como «descabelladas». Y en cuanto a la versión de Sosa, quien dijo haber caminado entre las dos filas de detenidos y que el militante Mariano Pujadas le arrebató el arma luego de inmovilizarlo con una toma de judo, señaló que «si le hubiesen arrebatado el arma y disparado, alguien (de los militares) hubiese resultado herido».
Además enfatizó el fiscal que resulta «inverosímil» que Pujadas haya recibido 16 disparos y que Sosa haya resultado ileso ante la cantidad de tiros disparados por el resto de los marinos.

SIGUE EL MARTES
El alegato del Ministerio Público Fiscal, que además de Gélvez lo integran los doctores Horacio Arranz y Dante Vega, continuará el martes próximo a las 10 de la mañana, y se espera que el pedido de penas contra los imputados sea coincidente con el formulado por las querellas.
Para los imputados Paccagnini, Sosa, Del Real y Marandino, solicitarían prisión perpetua, mientras que para Bautista pedirían 2 años de cárcel de cumplimiento efectivo por el delito de encubrimiento.