La emoción de Germán Kexel en su alegato.
Abrazo. Kexel y el saludo de Carolina Varsky, querellante por el CELS.

En la parte final de su intervención, Germán Kexel necesitó tomar agua un par de veces. De espaldas al público el micrófono igual amplificó cómo tragó saliva para contener el llanto. No le fue fácil seguir. De voz quebrada recordó cómo se pudo juzgar a represores luego de las derogaciones de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El joven letrado es de Trelew. Ese origen fue decisivo para que Derechos Humanos lo contrate exclusivamente para el juicio por la Masacre. Su carrera incluye trabajos para Abuelas de Plaza de Mayo. Esa historia se le cayó en la cabeza en un segundo y por eso su emoción.
“Sólo algunos pudieron ver en ese entonces que la represión mostraba su verdadera cara y anticipaba el terror –le dijo al tribunal-. Trelew enfrentó a los abogados con la impotencia de las herramientas del Derecho frente a la inminencia de la masacre”.
Kexel se definió como un abogado de “la nueva generación” que tuvo la chance de retomar el trabajo de los  que lo intentaron todo en 1972, como Eduardo Luis Duhalde. “A ustedes como jueces de la democracia les toca dictar sentencia. Tenemos la oportunidad histórica de hacer justicias por los fusilados para sus familiares que vivieron estos años entre la clandestinidad y la lucha, y para sus hijos hoy adultos, cuyos padres no llegaron a verlos. También para los vecinos y militantes de Trelew y Rawson, quienes tuvieron muchos años el miedo en el cuerpo”.
En una autoreferencia, el querellante habló de “quienes crecimos en este Valle y muchos años después se nos negó la posibilidad de conocer esta historia, bajo la cantinela de que aquí nunca pasó nada”. Tras considerarse “un privilegiado”, para Kexel donde la dictadura de Lanusse vio aridez y distancia, “nuestros pueblos vieron germinar las flores de su movilización”. Por eso exigió que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia “consagre lo que este pueblo sentenció hace 40 años, cuando pidió por primera vez justicia para los fusilados de Trelew”.

Así lo solicitó la Secretaría de Derechos Humanos para los cuatro imputados por 16 homicidios agravados y tres tentativas cometidos hace 40 años, la misma pena solicitada por la querella de familiares de los presos políticos fusilados en 1972.

Por:
INFOnews

Igual que la querella de los familiares, la Secretaría de Derechos Humanos pidió hoy prisión perpetua para cuatro acusados por 16 homicidios agravados y tres tentativas cometidos hace 40 años en la Masacre de Trelew.

"El debate jurídico y político de los últimos diez años hizo posible que hoy estemos aquí. Tenemos oportunidad de hacer justicia para los fusilados de Trelew", dijo Germán Kexel, quien representa junto a su colega Martín Rico a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el juicio que se desarrolla en Rawson, la capital de Chubut.

Rico solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como coautores de los 16 homicidios y tres tentativas, delitos que las querellas consideraron crímenes de lesa humanidad.

Respecto del acusado de encubrimiento Jorge Bautista, que actuó como juez militar tras los fusilamientos de 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, pidió también dos años de prisión y requirió además que, en todos los casos, las eventuales penas sean de cumplimiento efectivo en cárcel común.

Igual que la querella de los familiares, que se desarrolló entre el lunes y el martes últimos, también la que representa a la Secretaría de Derechos Humanos solicitó que el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, investigue a Lisandro Iván Lois, que en 1972 se desempeñaba como médico de la base Zar, como probable encubridor.

Además pidió que este juez insista en reclamar a Estados Unidos la extradición del represor Roberto Bravo, negada en el pasado, y sobre el cual la querella de familiares propició un pedido de deportación por falsear su declaración jurada en ese país.

La Secretaría de Derechos Humanos incluyó otros dos pedidos al juez federal de Rawson: que investigue la responsabilidad del oficial naval Jorge Barreto respecto de los hechos investigados y que instruya exámenes médicos periódicos al procesado almirante (RE) Horacio Mayorga, ausente en este juicio por razones de salud.

En el alegato que comenzó ayer y terminó hoy, esta querella sostuvo que Sosa, Del Real y Marandino fueron coautores materiales del fusilamiento de los 19 prisioneros que, el 15 de agosto 1972, después de fugarse de la cárcel de Rawson y cercados por militares, se rindieron con garantías en el aeropuerto de Trelew.

Esta tarde debían comenzar su alegato final los fiscales Horacio Arranz, Fernando Gelvez y Dante Vega pero la audiencia se suspendió para mañana, según fuentes de la causa, debido a una descompensación de la jueza Nora María Cabrera de Monella.
La magistrada integra el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia junto a los jueces Pedro De Diego y Enrique Guanziroli, quien lo preside en el juicio por la Masacre de Trelew.

Enviado especial

La querella de familiares de víctimas de la Masacre de Trelew pidió prisión perpetua para cuatro marinos acusados por 16 homicidios agravados y tres en grado de tentativa, en el juicio oral que se tramita en Rawson por los fusilamientos del 22 de agosto de 1972.

La abogada Carolina Varsky solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como autores de los homicidios y torturas, calificados como crímenes de lesa humanidad.

En el caso del acusado de encubrimiento Jorge Bautista, que actuó como juez ad hoc tras la matanza en Trelew, en calidad de instructor militar, la abogada querellante pidió dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

"La ley actual contempla para este delito hasta tres años de prisión, pero la que regía en la época, hasta dos, y se aplica la ley más benigna", explicó a Télam Varsky, tras concluir el alegato final en representación de los familiares, que compartió con sus colegas Eduardo Hualpa y Daiana Fusca.

Varsky solicitó además al juez federal de Rawson, Hugo Sastre, investigar al médico Lisandro Iván Lois como probable coautor del delito de encubrimiento y solicitar a Estados Unidos la deportación del oficial Roberto Bravo, cuya extradición negó ese país pero "debería estar hoy entre los acusados".

Según testigos y otras pruebas acumuladas en el expediente, Bravo fue uno de los oficiales de la Armada que disparó ráfagas de metralleta a los 19 prisioneros políticos en la base Almirante Zar de Trelew y luego los remató con "tiros de gracia".

Lois era el médico de esa base aeronaval en el momento de los hechos y firmó los certificados de defunción por "muerte violenta" de 16 de los prisioneros, entre los cuales tres que habían sobrevivido y fallecieron después en la enfermería.

Al menos uno de ellos, Pedro Bonet, fue rematado con un disparo en la cabeza varias horas después del fusilamiento.

Tras concluir el alegato final la querella de los familiares de víctimas de la Masacre de Trelew, desde este mediodía desarrollaba el suyo la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por los abogados Martín Rico y Germán Kexel.

Esta semana alegará también el fiscal federal Fernando Gelvez y después, probablemente la próxima, lo harán las defensas de los cinco acusados.

El tribunal integrado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella dictaría sentencia a mediados de octubre próximo, según estimaron fuentes de la causa consultadas por esta agencia.

El debate en el juicio oral por la Masacre de Trelew concluyó en Rawson con las voces de Ricardo Haidar, Alberto Camps y María Antonia Berger, los tres sobrevivientes del fusilamiento.

El debate en el juicio oral por la Masacre de Trelew concluyó este miércoles en Rawson con las voces de Ricardo Haidar, Alberto Camps y María Antonia Berger, los tres sobrevivientes del fusilamiento de 19 prisioneros políticos perpetrado el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada.

“Lo más fuerte en la audiencia con la que finalizó el debate fueron los 25 minutos de audio” de un reportaje realizado en 1973 a Haidar, Camps y Berger, después secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura, dijo a Télam el abogado Eduardo Hualpa, querellante en representación de familiares de las víctimas.

El audio reproducido en la sala donde se desarrolla el juicio en Rawson, la capital de Chubut, fue aportado por el sonidista Jorge Kuschnir, parte del equipo que en junio y julio del 73 realizó la entrevista que iba a ser parte de una película pensada por el cineasta Fernando Pino Solanas y que finalmente no se hizo.

“Fueron momentos muy fuertes, de mucha emoción. Ellos hablan de (Luis) Sosa, (Roberto) Bravo, (Horacio) Mayorga y otros oficiales (implicados en la Masacre), mientras los imputados escuchan del otro lado de la pantalla”, en una sala del Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, desde donde siguieron por videoconferencia el desarrollo de la audiencia, relató Hualpa.

Al final del debate, el juez que preside el Tribunal, Enrique Guanziroli, confirmó que el lunes próximo comenzarán los alegatos finales en el juicio en el que están acusados los marinos Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini, Jorge Bautista y Carlos Marandino.

Al igual que Kuschnir, en esta audiencia declaró por videoconferencia el periodista Armando Vidal, quien cubrió para el diario Clarín los hechos tras la fuga de 25 presos políticos del penal de Rawson, el 15 de agosto del 72, hasta el fusilamiento de 19 de ellos, alojados en la base Zar después de pactar su rendición con garantías en el viejo aeropuerto de Trelew.

“La declaración de Vidal fue similar a la que hizo el periodista Héctor Pepe Castro, en especial en relación al clima opresivo que se vivía en Trelew y en Rawson entre el 15 y el 22 de agosto.

Reforzó algo ya dicho”, señaló el abogado Germán Kexel, quien representa a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Como lo había hecho Castro en junio último, Vidal recordó cuando ambos se aproximaron al penal de Rawson junto a Horacio Finoli, de Associated Press, y el fotógrafo Manuel Martínez, quien intentó tomar una foto de la cárcel, por lo que fueron atacados con disparos de metralleta,  uno de los cuales hirió a Finoli en la espalda.

Los periodistas expusieron esos hechos al entonces jefe militar de la zona, general Horacio Betti, y le pidieron garantías para desempeñar su trabajo. “¿No hay garantías, como en Vietnam?”, le preguntaron. “Sí, como en Vietnam, acá no hay garantías”, les respondió Betti.

Por su parte, Kuschnir relató al Tribunal que había sido el encargado de grabar el audio de la entrevista de 1973 a los sobrevivientes de la Masacre de Trelew, y que guardó desde entonces la cinta y se la entregó hace aproximadamente un mes a Alicia”, viuda de Pedro Bonet, uno de los militantes fusilados en la base aeronaval Almirante Zar.

Siempre por videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura, el sonidista confirmó que ese audio era el reproducido en esta audiencia ante el Tribunal en el teatro “José Hernández” de Rawson, donde se desarrolla el juicio.

Esta grabación fue admitida como prueba por el Tribunal, del mismo modo que un CD remitido por la Unidad Fiscal de seguimiento y coordinación de causas judiciales por delitos de lesa humanidad, con directivas y normativas secretas de 1972, un material hasta ahora también desconocido.

En el audio de la entrevista, Berger, Camps y Haidar relataron en lo sustancial lo mismo que habían declarado un año antes en la enfermería de la base Zar al instructor militar Bautista, luego en la causa civil iniciada por Alicia Bonet o también en el reportaje que les hizo en la cárcel de Villa Devoto el periodista Francisco Paco Urondo.

“En todos los casos expusieron los mismos hechos, la secuencia de lo que ocurrió, con total coherencia”, subrayó Kexel. “Relataron que en la madrugada del 22 de agosto de 1972 los hacen salir de los calabozos, empiezan a dispararles intempestivamente con ráfagas y luego vienen los disparos de remate”.

Los tres sobrevivientes desmintieron la versión oficial de la dictadura de Alejandro Lanusse y la Armada sobre que el prisionero Mariano Pujadas hubiese arrebatado un arma a la guardia y comenzado a disparar en un supuesto nuevo intento de fuga.

Tanto Haidar como Camps, que resultaron ilesos tras las primeras ráfagas por hallarse en las celdas del fondo, como Berger, que sí había sido herida, recibieron “disparos de gracia”, pese a lo cual sobrevivieron, según surge de sus propios testimonios.

Entre los responsables del fusilamiento y de los ulteriores tiros de remate a los prisioneros, los tres mencionaron al teniente de navío Roberto Bravo, cuya extradición para ser juzgado en la Argentina negó Estados Unidos, país donde reside.

Los tres sobrevivientes narraron además las amenazas, apremios y humillaciones sufridas en la base Zar entre el 15 y el 22 de agosto.

También aludieron a la bronca y perplejidad de sus captores por el hecho de que los prisioneros “mantenían la moral bien alta”, un relato que los imputados debieron escuchar en esta última jornada de debate, previa a los alegatos finales y la sentencia, un desenlace que se aguarda para octubre próximo.

http://www.telam.com.ar/nota/37814/

Por Ailín Bullentini

El físico forense Rodolfo Pregliasco, quien dirigió la pericia en la Base Almirante Zar y desmintió la versión oficial con la que la Marina intenta exculparse de la masacre de Trelew, protagonizará hoy un reconocimiento de los calabozos y la sala de estar de la Base, donde en 1972 sucedieron los fusilamientos de 16 presos políticos y el intento de asesinato de otros tres. Así comienza la penúltima audiencia del histórico juicio.

Pregliasco, quien también participó de las investigaciones judiciales de la masacre de Avellaneda, del asesinato de la militante social Teresa Rodríguez y el de Miguel Bru, entre otros casos, fue el encargado de dirigir una pericia que, en 2008, se encomendó al Centro Atómico Bariloche. El resultado de su trabajo dio por tierra con la versión oficial de la Armada, sobre un supuesto intento de fuga, y aseguró que se trató de un fusilamiento.

Tras un estudio minucioso del espacio en el que estuvieron ubicados los calabozos, donde los 19 presos políticos fueron alojados durante una semana –en un trabajo que incluyó análisis de los materiales edilicios del lugar, de la pintura y de las modificaciones que sufrió luego de los hechos–, el grupo de físicos que dirigió Pregliasco determinó que no existieron disparos de los detenidos en contra de los miembros de la Marina aquella madrugada del 22 de agosto de 1972, como lo plantea la versión que sostienen los acusados. Desde esta mañana explicará a los jueces que integran el tribunal, Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Monella, el trabajo realizado.

Luego de más de cuatro meses, el juicio que analiza las responsabilidades de cuatro marinos retirados –Luis Sosa, Emilio del Real, Rubén Paccagnini y Jorge Bautista– y un cabo –Carlos Marandino– roza el fin de su etapa de testimonios, con el reconocimiento y la declaración que Pregliasco realizará desde esta mañana. Las partes calculan que los alegatos comenzarán la próxima semana y que, para mediados de octubre, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dictará sentencia.