Por Ana Tronfi  | Para LA NACION

La sentencia se leyó en el centro cultural "José Hernández" de Rawson, donde se desarrolló el juicio desde mayo de este año, en una sala colmada por familiares y compañeros de los fusilados
15.10.2012 | 14:40
Los jóvenes fugados de la cárcel de la base almirante Zar, en Trelew, en el momento en que fueron detenidos en el aeropuerto de Rawson

RAWSON.- El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas en la denominada "Masacre de Trelew", ocurrida el 22 de agosto de 1972.

En tanto, el Tribunal absolvió a Rubén Paccanini, para quien se habían pedido dos años de prisión, y a Jorge Bautista, acusado de encubrir los crímenes. Se dispuso, además, la extradición de Alfredo Bravo, actualmente con residencia en Estados Unidos, y declarar a los crímenes cometidos hace 40 años de "lesa humanidad".

La sentencia se dio conocer hoy en Rawson tras el juicio oral y público por el fusilamiento de 19 prisioneros políticos el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de Trelew, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. 16 de los 19 presos murieron en el acto.

La sentencia se leyó en el centro cultural "José Hernández" de Rawson, donde se desarrolló el juicio desde mayo de este año, en una sala colmada por familiares y compañeros de los fusilados, junto a veteranos militantes chubutenses de la solidaridad con los presos políticos
Disconformidad con las absoluciones

El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelves, manifestó su disconformidad con las dos absoluciones contenidas en la sentencia y anticipo que las apelara. "No entendemos como se declara a los crímenes de lesa humanidad, pero se absuelve a Paccanini, que fue quien retransmitió la orden de Buenos Aires para los asesinatos", dijo tras la lectura de la sentencia.

Por CARLOS GUAJARDO

Será a 40 años del fusilamiento de militantes en la Base Almirante Zar. Hay cinco procesados.
El lunes se conocerá la sentencia por la Masacre de Trelew. (Daniel Feldman)

CHUBUT. ESPECIAL - 10/10/12 - 11:38

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dará a conocer finalmente el lunes la sentencia por la denominada Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirrante Zar de esa ciudad. La audiencia será a las 13 de acuerdo al anuncio del presidente del tribunal, el juez Juan Guanziroli.

Al anuncio fue hecho tras la audiencia realizada esta mañana en la cual los cinco procesados tuvieron la oportunidad de hablar ante el tribunal. Pero sólo dos lo hicieron. Y se declararon inocentes.

El juicio comenzó en abril para determinar responsabilidades en el fusilamiento de 19 militantes de organizaciones armadas que una semana antes habían fugado de la cárcel de Rawson. Sólo 3 sobrevivieron. Las acusaciones alcanzaron a los ex marinos Luis Sosa, sindicado como uno de los principales ejecutores de la masacre, Emilio Del real, Carlos Marandino, Rubén Paccagnini y José Bautista. Este último y Marandino fueron los únicos que hicieron uso de la palabra hoy. En forma breve se dirigieron al tribunal a para decir que son inocentes de todos los cargos que se le imputan. El resto, prefirió no hablar.

También están procesados Horacio Mayorga quien no fue juzgado en esta etapa por razones de salud. Y el ex teniente Roberto Bravo, radicado en Estados Unidos país que negó su extradición.

El juicio contó con el testimonio de más de 100 testigos. Algunos de ellos, familiares directos de las víctimas. Tuvo escasas medidas de seguridad y poca repercusión popular y política: sólo en la primera audiencia, el Centro Cultural José Hernández de Rawson, escenario del juicio fue colmado por funcionarios provinciales y militantes de distintas organizaciones políticas y defensoras de los Derechos Humanos.

La Masacre de Trelew tuvo lugar el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar. Allí estaban detenidos 19 militantes de organizaciones armadas que habían fugado una semana antes de la cárcel de máxima seguridad de Rawson. Según la versión oficial del gobierno del entonces presidente de facto Alejandro Lanusse intentaron fugarse nuevamente. Pero los tres sobrevivientes y otros testigos aseguraron que se trató de un fusilamiento.

La causa fue archivada por la dictadura. Pero la insistencia de familiares hizo que se reabriera en 2006. El juez federal Hugo Sastre logró que el hecho fuera considerado por delito de lesa humanidad. Y por eso no prescribió. El lunes se sabrá la verdad que esperó 40 años.

Terminaron los alegatos y el miércoles 10, los marinos acusados por los fusilamientos del ´72 en Trelew dirán sus últimas palabras. El tribunal quiere adelantar la lectura de su esperada sentencia para el lunes siguiente.

Tribunal definitivo. Desde la izquierda, Guanziroli, Velázquez y Monella, con la historia en sus manos.

El miércoles 10 de octubre, los 5 marinos acusados de ejecutar la Masacre de Trelew tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal que los juzga. Será la última audiencia del proceso y tras escuchar toda la evidencia en su contra. Tras esa instancia y si no hay contratiempos, la histórica sentencia por los 19 fusilamientos del 22 de agosto de 1972 se leerá el lunes 15 de octubre en el Cine Teatro “José Hernández” de Rawson. Así coincidieron todas las fuentes consultadas por este diario.
Aunque los jueces Enrique Guanziroli, Juan Velázquez y Nora Cabrera de Monella tienen 5 días hábiles para dar a conocer su decisión, prefieren terminar antes de escribir sus votos para no trabajar apremiados por plazos legales. Tras 40 años, así se sabrá qué sucedió aquella madrugada en los calabozos de la Base Almirante Zar de Trelew. Y qué papel jugaron Luis Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino, Rubén Paccagnini y Jorge Bautista.
Todos enojados

Ayer fue el último día de alegatos. De nuevo hubo muy fuertes discusiones entre fiscales, querellantes y defensores. Se escucharon insultos en voz baja, acusaciones cruzadas y objeciones sinfín. Guanziroli, presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, debió llamar al orden a las partes. Lo imitó la jueza Monella, mucho más enojada con lo que consideró “faltas de respeto”.
“Parecen chicos”, dijo alguien sin advertir que el micrófono estaba abierto. “Hubo mala fe y deslealtad procesal”, aseguró el fiscal federal Fernando Gélvez. “No se lo voy a permitir de ninguna manera”, casi gritó Gerardo Ibáñez, defensor de Jorge Bautista. Las escenas así se repitieron. La parte final del juicio dejó ánimos calientes y enojos mutuos.   
Último alegato

Más temprano habían alegado Fabián Gabalachis y Gustavo Latorre, la dupla de defensores de Paccagnini. El dúo aseguró que si en Trelew hubo 3 sobrevivientes fue gracias a que su cliente, exjefe de la Base Zar, llegó a los calabozos para detener la matanza. Y que incluso si hubo una orden del presidente Alejandro Lanusse, los acusadores no demostraron ni a quién se la transmitió ni quién fue el militar que se la comunicó a Paccagnini.
“De ninguna manera hay ni un mínimo elemento ni de cómo habría llegado ese mensaje a mi cliente y a quién se lo ordenó el presidente”. En caso de ser condenado, los abogados pidieron que siga en libertad hasta que el fallo esté firme. Y que no vaya a cárcel común.
La primera aclaración del alegato fue que el marino –sobre quien pesa un pedido de prisión perpetua- no era el jefe de toda la Fuerza Aeronaval 3 sino sólo de la Base. “El Batallón de Infantería de Marina no tenía nada que ver con él y era totalmente independiente del Comando de Aviación”.
Según el alegato, Paccagnini fue el primero en llegar a la escena del crimen y de inmediato ordenó atención médica para los 6 heridos. “A esto no lo refutaron, ¿o ustedes creen que un conscripto de 18 años o un suboficial le podía  ordenar a Sosa que pare de disparar? Fue el jefe de la Base”. Según Gabalachis, es “altamente probable” que Paccagnini no haya estado en la Enfermería para chequear que los heridos sean atendidos. “Pero sí ordenó la atención médica”.
“Guste o no, los detenidos estaban en el ámbito del Poder Judicial, bajo el control jurisdiccional del juez Jorge Quiroga –añadió-. Aunque su actuación hoy no resista el análisis de un Consejo de la Magistratura como el actual, era la autoridad de ese momento y la situación en esa época era muy distinta. Es como que dentro de 40 años alguien revise la actuación del tribunal de este juicio”.
Por su parte, Latorre advirtió que en la historia argentina “quedan muchas heridas por cerrar” y en ese sentido aseguró que el tribunal que preside Guanziroli “no tiene competencia ni potestad alguna para juzgar la historia. Hay que tener cuidado porque mirar todo con el prisma de la ideología nos puede conducir a la ilegalidad”. Una clara alusión a los presuntos móviles políticos del juicio.
El defensor aseguró que aún si se acepta que el 22 de agosto hubo un fusilamiento, “las pruebas son altamente insuficientes para endilgarle ninguna responsabilidad a Paccagnini”. En su repaso de testigos, recordó que los exconscriptos de la Base “reflejaron que Infantería y Marinería (donde el imputado era jefe) eran dos mundos aparte y sólo compartían el espacio físico de la unidad”. Según Latorre, ninguno dijo que su jefe era Paccagnini: todos mencionaron a Sosa, Fernández y Roberto Bravo.   
Querellantes y fiscales “necesitan imperiosamente probar que hubo una orden  para que el crimen sea de lesa humanidad”. En este sentido aseguraron que “hay una absoluta orfandad probatoria” ya que “nunca dijeron cómo fue esa comunicación directa de Lanusse con mi cliente, cosa que desconocemos”.
Sutil, Latorre derramó responsabilidad en Sosa: “¿Quién se puso al frente de la situación en el aeropuerto, parlamentó y negoció con los guerrilleros?, ¿quién formó una guardia especial para los calabozos?, según los testigos, ¿quién estaba presente luego del 22 en esas reuniones para difundir la versión oficial?, ¿quién tuvo ese protagonismo? ¿Paccagnini? No, Sosa”.
Calificó a la acusación contra el exjefe de la Base como “un salto al vacío realmente temerario” que sólo es creíble “si se desnaturaliza todo el contexto de la época”. Latorre aseguró que Paccagnini, a diferencia del resto, no desapareció de Trelew. “Siguió como jefe hasta el ´74 y si se sigue la lógica de los acusadores, para quienes los culpables se escaparon, esto lo desincrimina”.
Histriónico

Muchos testigos recordaron a un Paccagnini destruido anímicamente tras el 22 de agosto, sin entender lo sucedido. “Alberto Camps, uno de los sobrevivientes, dijo que se salvaron porque intervino gente de la Base que no estaba involucrada en la operación”. Para sus defensores, su cliente era parte de esta gente. “Si la orden era fusilarlos, ¿por qué iba a estar tan abatido y procuró sanarlos? A menos que tenga una personalidad histriónica que desconocemos y haya montado una escena por si acaso lo enjuiciaban 40 años después”, ironizó Latorre.
De acuerdo al alegato, son los acusadores quienes deben demostrar que los 3 heridos que murieron después no recibieron atención. Y que si esa madrugada hubo uniformados que no debían estar en los calabozos, como Emilio Del Real, lo deben explicar ellos y no Paccagnini. “El tribunal no tiene elementos para la certeza de que esa presunta orden de fusilamiento pasó por mi cliente. Y según todos los testimonios, si es que vino de afuera fue a través de la Infantería y no del jefe de Base”
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“Una intervención imprudente y desatinada”


Para su defensor, Sosa fue un “imprudente” que generó una balacera involuntaria. Pero no más que eso: negó el fusilamiento.
Las esposas de tres de los marinos observando, ayer, las alternativos del juicio por la Masacre de Trelew.
En su alegato de la noche del jueves, Sergio Oribones, que defiende a Luis Sosa y a Emilio Del Real, subrayó que “este juicio nunca debió realizarse” ya que los imputados ya fueron juzgados y además los beneficia la amnistía del expresidente Héctor Cámpora. “No se los puede volver a juzgar porque ya fueron indagados y sumariados”, remarcó. Por eso pidió la absolución de ambos, acusados de apretar el gatillo el 22 de agosto. Sobre ellos pesa un pedido de prisión perpetua.
“No se demostró una situación de fusilamiento y no me interesa la calificación penal que se le pueda poner porque el delito está prescripto y este procesa vulnera principios básicos del Derecho”, agregó. Incluso explicó que la misma legislación que usaron querellantes y fiscales, bien leída en realidad sirve para exculpar a los marinos.
También advirtió que a los imputados que defiende se los acusa de “tormento” aunque nunca antes se mencionó esa imputación en el proceso. “Cuando se los indagó no fue por ese hecho, que es absolutamente incorrecto. Los acusadores quieren meter por la ventana una calificación distinta a la original, pero está prohibido”.
Sus clientes están acusados de ser autores materiales de los homicidios en esa madrugada de 1972. “No se trata de un crimen de lesa humanidad ni hubo un plan sistemático, que sí comenzaría después. Los acusadores acuden a esto porque es la única manera que tienen de evitar que el crimen se declare prescripto y que no opere la amnistía para los acusados”, explicó. Y aunque concedió que en la época de la Masacre “hubo excesos que vulneraban derechos individuales” en todo el país, aseguró que “eran procedimientos legales”.
“Sosa nunca habló de un intento de fuga –recordó el letrado-. Es cierto que la Base no era un lugar adecuado de detención, pero era el único que había”. Oribones graficó que el año de la Masacre, la unidad militar estaba en construcción, rodeada por un alambre de tres hilos. “Era permeable en términos de seguridad y había una tensión evidente entre militares y presos”.
Para su defensor, por su actuación en la toma del aeropuerto el 15 de agosto, Sosa asumió que tenía la “suficiente confianza” con los guerrilleros para intentar calmarlos. “Pero no es cierto que haya disparado porque ningún testimonio dice haberlo visto. Los querellantes dicen que todos dispararon, pero la cantidad de armas que hubo esa noche no es suficiente; su versión es inconsistente”.
En este sentido, consideró que al ir a los calabozos, el capitán Sosa que es símbolo histórico de la Masacre “no tuvo más que una intervención imprudente y desatinada”. Esta conducta arriesgada, sumada a una “guardia nerviosa” por la tensión con los presos, inició una balacera que “ya no se pudo controlar”. Mientras oía el alegato de su defensor, Sosa asentía con la cabeza, sentado de espaldas al recinto para evitar las fotos de su rostro. “Tampoco es cierto que fue premiado y que se escondió: sucedía que lo iban a matar”, completó.
El abogado también desmintió que la matanza haya sido una venganza luego de que Chile se negara a extraditar a los 6 líderes guerrilleros fugados de la Unidad 6 de Rawson. “El juez Jorge Quiroga se los había pedido al gobierno extranjero y se los negaron, pero recién 3 días después de los hechos de Trelew. Esto desbarata esa idea”, argumentó, mostrando el documento que lo prueba.
Según Oribones, desde el análisis político tampoco es posible suponer que el presidente de facto Alejandro Lanusse haya ordenado fusilar a los 19 presos. “En marzo del ´72 llamó a elecciones y el país iba rumbo a la institucionalización en el marco del Gran Acuerdo Nacional. El 7 de julio de ese año tuvo una cena de camaradería para explicar cómo sería la salida democrática y la retirada ordenada. Trelew fue una estocada fatal para los planes de Lanusse. O sea que fue una época violenta pero de ningún modo existía un plan sistemático”. Según su visión, varios de los testigos que desfilaron por el tribunal “muchas veces sólo opinaron de lo poco que sabían”.
Fuente: Jornada

Las defensas de los cinco marinos acusados por la Masacre de Trelew de 1972, concluyeron sus alegatos finales, seguidos por breves réplicas y contrarréplicas, y el juicio oral y público se reanudará el 10 de octubre próximo en Rawson para la última audiencia antes de la sentencia.
"Los defensores no pudieron contradecir la plataforma probatoria extensísima aportada por la fiscalía y las dos querellas”, contra los cinco acusados por delitos de lesa humanidad, dijo a Télam el abogado Germán Kexel, de la querellante Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Fiscalía y querellas pidieron prisión perpetua para Rubén Paccagnini, como autor mediato, y para Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino, como coautores materiales de 16 homicidios y tres tentativas, por los fusilamientos perpetrados el 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew.
Además, para Jorge Bautista, el juez militar ad hoc que actuó tras la matanza de prisioneros políticos y acusado de encubrir esos delitos, solicitaron dos años de prisión, el máximo previsto en el momento de los hechos, y que todas las penas sean de cumplimiento efectivo en cárcel común.
Aun con estrategias en parte diferenciadas, los defensores convergieron en cuestiones cruciales como el intento de rechazar la lesa humanidad de los delitos juzgados, su inscripción en un “plan sistemático” de terrorismo de Estado, para poder pedir la prescripción y en algunos casos la amnistía de sus defendidos.
En sus alegatos, varios de ellos aceptaron en parte los hechos y la veracidad de los testimonios aportados por la acusación, pero objetaron la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y su aplicabilidad en 1972.
Gerardo Ibáñez, defensor de Bautista, admitió como “disparatada” la versión oficial de un supuesto “nuevo intento de fuga” con que la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse y la Armada pretendieron en 1972 justificar los homicidios, pero sostuvo que “no está ni mínimamente demostrado que Trelew haya sido parte de un plan sistemático, que en realidad se inició mucho después”, hacia el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
“Si se trató de una acción de los oficiales de la Base (Zar) por su cuenta, la acción penal está extinta”, esgrimió.
Ibáñez dijo también que “el sumario que escribió Bautista desapareció, y no se entiende cómo se puede juzgar el trabajo de un juez sin el expediente”, para añadir que su defendido “tiene 87 años y sería antihumano que esté en una cárcel común”.
La acusación replicó los nuevos elementos expuestos en los alegatos de las defensas y el pedido de nulidad de lo actuado respecto de Marandino, a lo que siguieron breves contrarréplicas de los defensores.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo del juicio que se desarrolla en Rawson, dispuso finalmente que el próximo 10 de octubre se realice la audiencia en la que los acusados pueden pronunciar sus últimas palabras, antes de la sentencia, que se conocerá el 15 o poco después, según estimaron fuentes de la causa.

Fuente: Telam

00:08«La orden fue dada por el presidente de la Nación, Alejandro Agustín Lanusse», dijo ayer en su alegato el fiscal federal Fernando Gélvez al realizar la valoración de la prueba expuesta a lo largo del juicio por la Masacre de Trelew.

El Ministerio Público Fiscal debió interrumpir el resto de su exposición hasta la semana próxima. Los imputados se mostraron molestos al escuchar el relato de los acontecimientos y la alteración fue tal que uno de ellos se atrevió a hacer un comentario en voz alta interrumpiendo al fiscal.
A lo largo de los 40 años que pasaron desde la muerte de 16 presos políticos en la Base Almirante Zar de Trelew «se ha chocado con la labor activa de ocultamiento desde Lanusse para abajo en la cadena de mandos», según consideró el fiscal Gélvez. Sin embargo, subrayó que a esta altura del juicio «están probados y son creíbles los hechos que aparentemente eran increíbles».
Como ocurre desde que comenzaron los alegatos, los cinco marinos procesados, Rubén Paccagnini, Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Jorge Bautista, estuvieron presentes ayer en el centro cultural de Rawson donde se desarrollan las audiencias. A excepción de Marandino, el resto de los imputados siguió con evidente nerviosismo el alegato del fiscal.
Como no había ocurrido anteriormente, conversaron permanentemente entre ellos, negaron con la cabeza algunas afirmaciones de Gélvez y hasta hicieron un par de comentarios en voz alta.
Cundo el fiscal se explayó sobre cómo aconteció la fuga de presos políticos del penal de Rawson el 15 de agosto de 1972, y aseverando que actuaron con buen trato hacia el personal de la unidad hasta encontrarse con la resistencia del guardiacárcel Gregorio Valenzuela, se escuchó la voz de Del Real gritando: «pero lo mataron», motivando que el fiscal le recordara que cuando tuvo oportunidad de hablar en el juicio no lo había hecho.

PLAN PRECONCEBIDO
El fiscal Gélvez consideró probado que la orden de matar a los presos políticos alojados en la base aeronaval de Trelew en agosto del ’72 llegó de las más altas esferas del gobierno de facto y que «Paccagnini participó del plan preconcebido» como jefe de la base.
Aquella madrugada del 22 de agosto, «los oficiales Sosa, Del Real, Bravo (actualmente refugiado en los Estados Unidos), y Herrera (fallecido), llegaron juntos a la zona de calabozos donde estaban los cabos Marandino y Marchand». Siguió relatando el fiscal que luego de sacar a los presos de los calabozos y hacerlos formar en dos filas y con la cabeza gacha, los marinos «abrieron fuego con pistolas ametralladoras PAM con ráfagas largas y también con pistolas calibre 45, luego comenzó la etapa de remate».
Según detalló Gélvez en su alegato, y recordando que seis de los 19 presos quedaron con vida, «cesaron los remates porque entró personal que no estaba comprendido en el plan ordenado por Lanusse y transmitido por Paccagnini».
Señaló además que también el entonces jefe de Base tuvo responsabilidad en la muerte de tres de los seis militantes que habían sobrevivido a los disparos por no permitir que reciban atención médica de inmediato.

INCONSISTENCIAS
Las versiones oficiales sobre la Masacre de Trelew dadas en su momento por la Armada, fueron consideradas por el fiscal Gélvez como «descabelladas». Y en cuanto a la versión de Sosa, quien dijo haber caminado entre las dos filas de detenidos y que el militante Mariano Pujadas le arrebató el arma luego de inmovilizarlo con una toma de judo, señaló que «si le hubiesen arrebatado el arma y disparado, alguien (de los militares) hubiese resultado herido».
Además enfatizó el fiscal que resulta «inverosímil» que Pujadas haya recibido 16 disparos y que Sosa haya resultado ileso ante la cantidad de tiros disparados por el resto de los marinos.

SIGUE EL MARTES
El alegato del Ministerio Público Fiscal, que además de Gélvez lo integran los doctores Horacio Arranz y Dante Vega, continuará el martes próximo a las 10 de la mañana, y se espera que el pedido de penas contra los imputados sea coincidente con el formulado por las querellas.
Para los imputados Paccagnini, Sosa, Del Real y Marandino, solicitarían prisión perpetua, mientras que para Bautista pedirían 2 años de cárcel de cumplimiento efectivo por el delito de encubrimiento.